A partir de este miércoles 1 de julio de 2015, todas las exportaciones costarricenses al mercado salvadoreño –incluyendo aquellas producidas bajo regímenes aduaneros especiales–, tendrán la opción de ingresar a ese mercado, gozando de las preferencias arancelarias establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-DR). Así consta en la Directriz emitida el 5 de junio pasado por la Dirección General de Aduanas de El Salvador mediante el Boletín Informativo N° DGA-005-2015, y cuya puesta en vigor definitiva tendrá lugar a partir de 1 de julio de 2015.
El Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, mostró su satisfacción por este gran logro. “Se trata de una buena noticia para los productores nacionales. Esta consolidación del respeto a los derechos comerciales nacionales se enmarca dentro de las labores de una administración activa y eficiente de los tratados de libre comercio, tal como lo hemos ofrecido y confirmado al país. Este logro demuestra la acción decidida de COMEX para defender los intereses de los productores costarricenses en los mercados externos. Con ello, se corona un proceso ordenado, respetuoso del derecho propio y ajeno, y que ratifica el valor de contar con mecanismos eficaces para hacer valer las reglas de los tratados y para defender producción nacional que da sustento a muchos empleos, directos e indirectos”.
COMEX inició con la activación del mecanismo de solución de controversias el 18 de noviembre de 2013, dado que El Salvador era el único país miembro del CAFTA-DR que no le aplicaba las preferencias arancelarias previstas en dicho acuerdo a las exportaciones costarricenses. El 18 de noviembre de 2014, exactamente un año después de iniciado el proceso, el panel arbitral emitió el laudo final que le dio la razón a Costa Rica en este caso, el cual dio pie a las acciones correspondientes de parte de El Salvador para adecuar su sistema informático aduanero a los alcances de tal resolución. La diferencia entre ambos países fue conducida por las autoridades de ambos países en un marco amigable, firme y de pleno respeto.
Este caso es la primera controversia Estado-Estado que se tramita bajo el CAFTA, por lo que sienta un precedente importante, al restaurar la seguridad jurídica que los exportadores costarricenses requieren para seguir creciendo, generando empleo y consolidando su participación en el mercado centroamericano.
