Ante la elección en segunda ronda del candidato del Partido Acción Ciudadana, PAC, Luis Guillermo Solís, como el nuevo Presidente de la República, los empresarios de alimentos y bebidas del país consideran que un proyecto político que no genere confianza crearía incertidumbre en el sector, por lo que, desde ya, le solicitan al gobernante electo que genere planes concretos en pro de la competitividad de la industria.
De acuerdo con José Manuel Hernando, Presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, CACIA, actualmente, las mayores necesidades que CACIA plantea van en el orden de la reducción del costo de las tarifas eléctricas y servicios públicos, la eliminación de los excesos de regulaciones, trámites y requisitos, así como la derogación de los aranceles que se pagan sobre insumos e ingredientes no producidos en el país. También exigen una mayor integración y comercio con Centroamérica y Panamá, y el fortalecimiento de los procesos e instituciones técnica y científicas que promueven la investigación e innovación, para el lanzamiento de más y mejores proyectos creadores de fuentes de empleo.
«Esperamos que el Gobierno del PAC esté dispuesto a trabajar en equipo con el sector privado, en la búsqueda de soluciones y ejecución de las políticas y programas que están orientados a resolver los problemas de competitividad que tiene el país, para lo cual estaremos a disposición», detalló Hernando.
Los industriales por su parte retoman la agenda que presentaron al ahora Presidente electo en días pasados y hacen un recordatorio de lo que consideran puntos básicos para darle herramientas al sector en pro de una sana competitividad para el sector, y sobre todo para poder cumplir con las iniciativas propuestas en la Política Industrial al 2030. A continuación el resumen de las mismas:
Energía:
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Realizar una reingeniería financiera del ICE, para lograr a corto plazo bajar la carga financiera.
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Eliminar los impuestos al combustible utilizado para generación eléctrica.
Calidad y mejora regulatoria:
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Fortalecer y continuar las acciones de mejora regulatoria, incluidas la simplificación de trámites y la reglamentación técnica.
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Elaborar una estrategia de dinamización del Sistema Nacional de la Calidad.
Sostenibilidad:
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Incluir variables ambientales en los procesos de planificación, definición de programas y proyectos de carácter estatal, los cuales deben ser la base para la propuesta de reformas fiscales verdes y creación/modificación de impuestos verdes.
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Promover la aplicación de la jerarquía de aprovechamiento de los residuos en todas las instancias públicas y privadas asociadas a la Gestión Integral de Residuos.
Compras Públicas:
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Incluir el reconocimiento del Valor Agregado Nacional, VAN, en una reforma de la legislación (incluidos instrumentos reglamentarios) de la contratación administrativa.
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Establecer, por vía legal, una plataforma electrónica estándar, que facilite la amplia participación de los mejores oferentes, con transparencia y agilidad, y que incluya una potente herramienta para la planificación sistemática de las necesidades y de las compras.
Laboral:
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Reforma de la Ley Constitutiva del INA para hacerlo más expedito en el cumplimiento de las necesidades de capacitación del sector empresarial y despolitizar su gestión.
Fiscal y monetario:
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Establecer acciones concretas en contención, transparencia y eficiencia del gasto público.
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Promover una ley general de empleo público, que regule los incentivos salariales, entre otros aspectos.
PYME:
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Incorporar, explícitamente, una Política Pública de fomento a la PYME, como un componente del Plan Nacional de Desarrollo.
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Continuar con esfuerzos como la transformación y creación de nuevas CREAPYME, el desarrollo de indicadores del sector y la elaboración de un documento del Estado de la PYME.
Comercio internacional:
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Impulsar la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, del proyecto de ley 18.954 “Autorización al Poder Ejecutivo para formalizar una operación de crédito público para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Modernización de pasos de frontera de Costa Rica”.
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Continuar con el proceso de concesión de obra pública para el diseño, construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por parte de APM Terminals.
