Urgen que se realice una modificación a la ley del impuesto sobre las propiedades agrícolas
Los productores nacionales de los sectores agrícola, agroindustrial, de pesca y de acuicultura, agrupados en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión de Pequeños Productores Nacionales (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Agropecuarios Independientes de Pérez Zeledón (UPIAV), marcharán hasta la Asamblea Legislativa, para pedir a los diputados la modificación de leyes que están afectando la competitividad de estos sectores.
Entre otros obstáculos señalados, los productores piden modificar la Ley sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, que castiga a los propietarios de terrenos agrícolas solo por su cercanía a desarrollos residenciales o turísticos.
Los productores se concentrarán el martes 18 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Parque Central y partirán con rumbo a la Asamblea Legislativa a partir de las 12 mediodía, en donde esperan ser recibidos y escuchados por diputados de todas las fracciones políticas.
Los organizadores estiman que en la marcha participarán miles de productores nacionales, de diferentes partes del país y de diversas actividades productivas como agricultura, ganadería, agroindustria, pesca y acuicultura.
Con relación al impuesto que piden modificar, el Secretario General de UPANACIONAL, Guido Vargas, manifestó que los pequeños agricultores están dispuestos a contribuir con el desarrollo nacional y municipal, pero la nueva plataforma de valores (para el cálculo del impuesto), y especialmente el concepto de proximidad, los ponen en una condición de desventaja. “Queremos contribuir, pero no queremos terminar produciendo en tierras alquiladas”, enfatizó Vargas.
Luis Román Chacón, secretario General de UPIAV, señaló al respecto que “lo peor que le puede pasar a un agricultor, es que le construyan un hotel o un residencial a la par de su propiedad, pues eso la hace aumentar automáticamente de valor. Aunque él siga produciendo lo mismo y teniendo los mismos gastos e ingresos, tendrá que pagar un impuesto más alto por su terreno”.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, Alvaro Sáenz, este impuesto sobre las propiedades agrícolas es una de las cargas que pesan sobre los productores y que le restan competitividad al sector.
“Hoy estamos todos los sectores unidos, para señalar que la competitividad está íntimamente ligada a la seguridad alimentaria. El país debe producir al menos una parte de lo que consume, pero si la producción está siendo amenazada o castigada por factores ajenos a ella, entonces la seguridad alimentaria está en juego, así como la sobrevivencia de muchos productores y miles de empleos en las zonas rurales, que viven de la pesca, la agricultura o la ganadería”, indicó Sáenz.
Además de los impuestos regresivos sobre las propiedades agrícolas, los productores han señalado otros factores que afectan la competitividad, como la falta de infraestructura adecuada (caminos, puentes, muelles), infraestructura para riego y acopio de productos, costo de los servicios públicos y la caída en el precio del dólar, que ha impactado de manera rápida y directa a sector.
El sector de agricultura ampliada aporta el 16% del producto interno bruto (PIB), el 36,3% de las exportaciones, y genera empleo directo e indirecto a más de 680 mil personas, que dependen de él para su subsistencia.
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