De acuerdo con un estudio realizado por KMPG sobre el mercado de tabaco en Latinoamérica y el Caribe, 46 mil millones de cigarrillos, el equivalente al 18,6% del total de consumo de la región, son contrabandeados o falsificados. Si el mercado de tabaco ilegal fuese un país, sería el segundo más grande en Latinoamérica y el Caribe, superado por Brasil (con un total de consumo de 106,38 mil millones de cigarrillos) y por encima de Argentina (con un total of 45,03 mil millones de cigarrillos).
El informe, realizado por encargo de British American Tobacco, analiza la magnitud del mercado de tabaco ilegal en 16 países latinoamericanos y del Caribe. Su lanzamiento coincidirá con el Día Mundial Sin Tabaco de la OMS, que se celebrará el domingo 31 de mayo.
Los principales resultados del informe incluyen:
- Los niveles más altos de consumo de tabaco ilegal fueron encontrados en Panamá (60%), El Salvador (31%), Brasil (30%), Surinam (23%) y Jamaica (22%).
- Las marcas paraguayas fueron la principal fuente de tabaco ilegal en los 16 países latinoamericanos y caribeños incluidos en el estudio, con un 73% de tabaco ilegal consumido, el equivalente a 33,5 millardos de cigarrillos.
- Se estima que el 30% de todos los cigarrillos consumidos en Brasil son marcas falsificadas o contrabandeadas, en su mayoría etiquetados paraguayos. Si todos estos cigarrillos hubiesen sido vendido de manera legal en Brasil, los ingresos fiscales recaudados serían de unos USD 2,7 millardos.
- Las marcas indias y chinas fueron respectivamente la tercer y cuarta fuente de tabaco ilegal consumido en la región, después de Panamá.
Ricardo Oberlander, Director Regional en British American Tobacco, menciona: “El comercio ilícito de tabaco continua siendo un fuerte competidor para la industria legal de tabaco en Latinoamérica y el Caribe. Esto se debe a los grandes aumentos en los impuestos sobre el consumo que generan diferencias en los precios en algunos países, las estrictas medidas de control sobre el tabaco y la deficiente aplicación de la ley. Además, esto no solo representa una gran pérdida de ingresos para los gobiernos, con pérdidas fiscales de USD 3,8 millardos en el 2014, sino también el financiamiento de otras actividades criminales como la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas».
