El pasado 31 de diciembre, la empresa estibadora CADESA, cuyas operaciones se concentran en Limón, decidió despedir a un empleado que se desempeñaba como estibador y lo liquidó según lo establece la ley.
Sin embargo, ese trabajador es un agremiado más del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, SINTRAJAP, que ahora también afilia a empleados del sector privado.
Como consecuencia, tras su despido, el gremio decidió tomar medidas para obligar a la empresa a reinstalarlo en su puesto y ante la negativa de la misma, decidió hace 20 días, obstaculizar con personas ajenas a la operación, la zona de transferencia de carga entre los buques atendidos por esta estibadora y el muelle. Además negaron el ingreso al puerto de los contenedores que venían para estos barcos durante tres horas para que CADESA no pudiera operar y amenaza con hacerlo de nuevo.
Según autoridades de la Cámara de Industrias, ese primer cierre significó pérdidas millonarias para el país. Por ejemplo, el cierre se realizó en horas en que se da un pico de demanda eléctrica, por lo tanto, la tarifa pagada mientras los contenedores permanecían encendidos para no dañar el producto fue un 25% más alta que la tarifa normal, se sumaron costos extras en el muelle por demora y estadía cercanos a los 3 mil dólares por nave atracada.
En cuanto a combustible, los dos barcos afectados por el paro, consumieron 45 toneladas de bunker durante tres horas cada uno, lo que significa un gasto cercano a los 80 millones de colones y el inevitable perjuicio ambiental por las emisiones de carbono, ya que la cantidad de bunker utilizado libera 144,6 toneladas de CO2.
Precisamente, para absorber esa cantidad de emisiones se deben sembrar 7.800 árboles en un sistema agroforestal, u 11.756 árboles en una plantación forestal.
A esas emisiones se suman las de los camiones y generadores tipo gen-set gastando combustible innecesariamente mientras hacían largas filas esperando entrar al muelle y cuyo costo pasa por el bolsillo de todos los costarricenses.
Según representantes de las líneas navieras afectadas, los gastos por pérdida en itinerario de la nave, el uso adicional en combustible para recuperar el tiempo perdido y posibles daños en la calidad de la fruta por las horas en que los contenedores estuvieron desconectados en el muelle, son inestimables.
“Este no es un problema de una empresa, es un problema país donde perdemos todos. Estos cierres no sólo se traducen en pérdidas, sino en un daño a la imagen de Costa Rica frente a nuestros socios comerciales”, indicó Juan Ramón Rivera, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
Por su parte, las autoridades de CADESA lamentan la situación y aseguran a sus clientes que el paro de sus operaciones en Moín estuvieron fuera de su control.
“Nosotros somos una empresa privada y como cualquier otra, decidimos despedir a un empleado en un proceso de re-organización y cumplimos con todo lo que la ley nos ordena. Sin embargo, el sindicato está tratando de legitimizarse dentro del sector privado. Este tipo de manifestaciones no se justifican cuando hemos cumplido con los derechos constitucionales del trabajador. Si tienen alguna duda, los invito a revisar el tema por la vía judicial y no a la fuerza”, aseguró Johnny Fung representante de CADESA.
Esta empresa desarrolla el 32% de la actividad estibadora de Moín y si los cierres continúan, teme que sus clientes declinen el servicio y se vea en juego el sustento de unas 300 familias de estibadores.
