EFE. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica informó que ha desestimado la causa contra Rodrigo Arias, hermano del expresidente Óscar Arias (2006-2010), por un caso de supuesta corrupción con fondos donados por el BCIE.
Rodrigo Arias era investigado por el manejo de 2 millones de dólares donados a Costa Rica por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante el Gobierno de su hermano, en el que él fue ministro de la Presidencia.
Según un comunicado oficial, la Fiscalía dio por finalizada la investigación por falta de pruebas en contra del político, que actualmente es precandidato presidencial del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) para las elecciones del 2014.
Mediante una nota, el exministro de la Presidencia manifestó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía y reiteró su inocencia.
«Ahora se reafirma con claridad y contundencia lo que tantas veces expresé a lo largo de este proceso: sin importar cuánto tiempo transcurra, la verdad no se extingue y yo, sobre este caso, dije la verdad desde el primer día», afirmó Arias.
«Queda de esta manera destruida definitivamente la maledicencia de quienes, sin pruebas, se atrevieron a afirmar que en estos convenios existieron ‘fondos secretos’, ‘chequeras ocultas’, ‘cuentas corrientes de libre disposición’, ‘pago de sobresueldos a funcionarios’ o la ‘ejecución de fondos públicos fuera de presupuesto'», agregó.
La decisión de los fiscales deberá ser revisada por un juez en una audiencia preliminar, para dar por cerrado el caso.
Rodrigo Arias era investigado por supuestos delitos de peculado, fraude de ley y reconocimiento ilegal de beneficios laborales, debido a que contrató varias consultorías pagadas para el Gobierno con el dinero aportado por el BCIE.
Esos 2 millones de dólares no fueron incluidos en las cuentas del Estado y se utilizaron como fondos para apoyar las operaciones de la Presidencia.
Durante el 2007 y el 2008, la oficina del BCIE en Costa Rica se encargó de pagar los honorarios de 84 consultores seleccionados por la Presidencia para labores de comunicación y legal, aunque también se pagaron servicios de secretarias, un mecánico, un mensajero y un músico.
La Contraloría General de la República había resuelto meses atrás que ese dinero no era de naturaleza pública por lo que no tenía que incluirse en las cuentas nacionales.
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One comment
Ligia Rodríguez
2012-01-04 at 03:42
Creo que aunque la fiscalía no encuentre pruebas para juzgar a un politico,queda un sabor amargo de como estos señores juegan con el pueblo, como benefician a sus amigos de una u otra forma y no dejan pruebas.
Creo que todo esto que ocurre no solo con Arias, sino con muchos politicos, es producto de falta de valores morales, y que solo importa el dinero que de alguna manera puedan obtener ellos y sus amigos