Según un nuevo informe del Banco Mundial, los países continúan avanzando lentamente hacia una mayor equidad de género; sin embargo, las mujeres en todo el mundo se enfrentan a leyes y regulaciones que limitan sus oportunidades económicas, en materia de salud, seguridad, y protección económica.
Las reformas adoptadas para eliminar los obstáculos a la inclusión económica de las mujeres han sido lentas en muchas regiones y al mismo tiempo desiguales entre estas mismas, según el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021. En promedio, las mujeres tienen sólo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres. Las mujeres ya se encontraban en desventaja antes de la pandemia, y las iniciativas gubernamentales a fin de atenuar algunos efectos de la crisis, si bien innovadoras, han sido limitadas en muchos países, señala el informe.
«Las mujeres deben ser plenamente incluidas en las economías para lograr mejores resultados en materia de desarrollo», explicó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. «A pesar de los avances en muchos países, hemos constatado retrocesos preocupantes en algunos de los mismos, como límites a la libertad de movimiento de las mujeres sin el permiso de un tutor masculino. La pandemia ha acentuado las diferencias existentes que ponen en desventaja a las niñas y las mujeres, en particular bajo la forma de obstáculos para la escolarización y el mantenimiento de empleos. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan al aumento de la violencia doméstica, y a dificultades en temas de salud y seguridad. Las mujeres deberían tener el mismo acceso a los servicios financieros, los mismos derechos a heredar que los hombres y estar al centro de nuestros esfuerzos hacia una recuperación inclusiva y resiliente de la pandemia de COVID-19».
El informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021 mide leyes y regulaciones en 8 áreas que afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países dentro de un período que va desde septiembre de 2019 a octubre de 2020. Desde la movilidad a los desafíos que representan el trabajo, la crianza de los hijos y la jubilación, los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles sobre el progreso global hacia la igualdad de género. Tras el desencadenamiento de la pandemia, el informe también analiza igualmente la respuesta de los gobiernos a la crisis de COVID-19 y cómo la pandemia ha afectado a las mujeres en el trabajo y en el hogar, principalmente en lo referente al cuidado de los niños, el acceso a la justicia, la salud y la seguridad.
En general, los hallazgos del informe indican que muchos gobiernos han adoptado medidas para abordar el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, menos de una cuarta parte de las economías analizadas por el informe garantizaba por ley a los padres trabajadores alguna licencia para el cuidado de los hijos antes de la pandemia. Desde entonces, con el cierre de escuelas, cerca de 40 economías en todo el mundo han establecido políticas sobre licencias o prestaciones sociales con el fin de ayudar a los padres en el cuidado de los niños. Aun así, es probable que estas medidas sean insuficientes para abordar los desafíos que ya enfrentan muchas madres trabajadoras, y la crisis de los servicios para el cuidado de los niños.
La pandemia también ha contribuido al aumento de la gravedad y frecuencia de la violencia contra las mujeres. Una investigación preliminar muestra que, desde principios de 2020, los gobiernos adoptaron alrededor de 120 medidas nuevas como líneas de atención telefónica directa, asistencia psicológica y refugios para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Algunos gobiernos también establecieron medidas para brindar acceso a la justicia de varias maneras, por ejemplo, declarando urgentes los casos de familia durante el confinamiento y autorizando los procedimientos judiciales remotos para dichos asuntos. Sin embargo, los gobiernos aún cuentan con un amplio margen para implementar medidas y políticas destinadas a abordar las causas fundamentales de la violencia en el hogar.
«Si bien es alentador que muchos países hayan tomado medidas proactivas para ayudar a las mujeres a atravesar la pandemia, está claro que queda mucho por hacer, especialmente en materia de licencia parental e igualdad salarial», manifestó Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. «Los países deben crear un entorno jurídico que mejore la inclusión económica de las mujeres, para que estas puedan tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias».
A pesar de la pandemia, 27 economías en todas las regiones y niveles de ingreso promulgaron reformas en todas las áreas analizadas y aumentaron las buenas prácticas en materia de legislación en 45 casos durante el año cubierto por el estudio. La mayoría de las reformas introdujeron o enmendaron leyes que afectan las áreas de remuneración y parentalidad.
Sin embargo, la parentalidad es también el área que deja un mayor margen de mejora a nivel mundial. Esto incluye la licencia parental remunerada, la administración de los beneficios por el gobierno y la prohibición del despido de mujeres. Del mismo modo, reformas son necesarias para superar a las restricciones que enfrentan las mujeres en cuanto a los tipos de trabajos, tareas y horarios en los que pueden desempeñarse, lo cual las segrega a empleos menos remunerados. Asimismo, en 100 economías las leyes no exigen una remuneración igual para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Aunque lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros, las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. Un mejor desempeño en las áreas medidas por el informe Mujer, Empresa y el Derecho está asociado con la reducción de la brecha de género en resultados en materia de desarrollo, una mayor participación femenina en la fuerza laboral, empleos menos vulnerables y una mayor representación de las mujeres en los parlamentos nacionales.
