Carta abierta a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República de Costa Rica ante la urgencia de respuestas rápidas y eficientes para enfrentar la crisis del COVID-19 Lunes 20 Julio, 2020.
Nuestra lectura de la coyuntura y la realidad del país a Julio, 2020 y de las prioridades y acciones impostergables.
Estamos experimentando, no una, sino varias crisis simultáneas de dimensiones y naturaleza sin precedentes:
- Una crisis de la salud pública, donde, a pesar de una enérgica respuesta sanitaria, ya llevamos más de 10.000 contagios, más de 54 fallecimientos, y en una situación muy incierta en la que ya se vislumbra el riesgo de un escenario muy negativo, incluyendo la posible saturación del sistema hospitalario.
- Una crisis fiscal y de endeudamiento, que ya teníamos antes de la pandemia pero que ha sido exacerbada por ésta, que ha puesto a las finanzas públicas en una trayectoria totalmente insostenible que demanda medidas muy fuertes por el lado del gasto, de los ingresos y del manejo del endeudamiento, tanto externo como interno.
- Una crisis del sector productivo y del empleo, como resultado del cierre parcial o total de múltiples sectores intensivos en el uso del factor trabajo, tales como el sector turismo, restaurantes y hoteles, grandes segmentos del comercio, el sector transporte y otros. El desempleo que era alto antes de la pandemia, ya sobrepasó el 20%, es decir, 1 de cada 5 costarricenses que buscan trabajo no lo encuentran. Y eso es solo la punta del iceberg, el subempleo, la informalidad y la pobreza, están también aumentando considerablemente en el año 2020 como resultado de la severísima contracción económica, afectando a 400 mil personas más.
- Una crisis social y de empobrecimiento: Al 20% de la población y hogares que ya eran pobres antes de la crisis se están sumando segmentos muy importantes de personas y hogares vulnerables tales como trabajadores informales, por cuenta propia, trabajadores despedidos, con jornadas rebajadas y con contratos suspendidos. En el Programa Proteger se han recibido más de 900.000 solicitudes de ayuda. Al hablar de empobrecimiento no debe pensarse solo en personas que caen bajo la línea de pobreza, estamos experimentando también un fuerte golpe y empobrecimiento de importantes segmentos de la clase media. Además, ya antes de la crisis Costa Rica era uno de los países más desiguales de América Latina, desigualdad que con seguridad está empeorando bajo los impactos de la pandemia y la severa contracción económica y sus efectos. Hay un grave riesgo de que conforme se reduzcan el peligro a la salud, aparezcan protestas y confrontaciones, poniendo en riesgo nuestro preciado Estado Social de Derecho.
• Una crisis educativa, que ya podía llamarse crisis antes de la pandemia, a causa del alto porcentaje de personas que no han terminado la secundaria ni han podido seguir estudios superiores, y de los malos resultados de Costa Rica en materia de calidad en matemáticas, lectura y ciencias medidos por las pruebas de PISA de la OCDE, la cual se está agravando seriamente.
A causa de la cancelación de clases presenciales, y la inviabilidad de sustituirlas por clases virtuales de manera uniforme, la pandemia amenaza con un serio atraso y deterioro en la formación de toda una generación de estudiantes y con profundizar las desigualdades del acceso a educación de calidad. Esto tiene el potencial de dejar una cicatriz de muy largo plazo en el capital humano del país, con serias consecuencias para la empleabilidad, el crecimiento, la prosperidad y la inclusión social y productiva.
Esta es una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas que el país no había experimentado en toda su historia y cuyas nefastas consecuencias no son fácilmente previsibles en toda su amplitud.
Además, la pandemia impacta al país sobre un legado histórico de brechas y dualismos estructurales, profundizándolos: educativos y de habilidades; laborales entre trabajadores formales e informales, productivos, territoriales, digitales; y entre un sector de relativamente pocas empresas modernas, de alta productividad y empleo de alta calidad, y un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios.
Aparte de esos dualismos, durante las últimas dos décadas la capacidad del Estado de satisfacer las demandas legítimas de la población fue debilitándose debido a la ausencia de políticas apropiadas a las nuevas necesidades y a una suerte de inercia institucional que ha impedido realizar los cambios necesarios para aumentar la efectividad de las acciones gubernamentales en campos tan importantes como salud, educación, desarrollo productivo, entre otros.
Como si esto no fuera suficiente, al mismo tiempo que se observaba ese peligroso debilitamiento de la efectividad de la acción gubernamental, la cantidad de recursos que la sociedad asignaba a esas tareas se incrementaba de manera acelerada, principalmente por un aumento desmedido de las remuneraciones en el sector público producto, principalmente, de la acción de grupos de interés que desde el interior de las instituciones pugnan por la apropiación indebida de rentas y de los escasos recursos que deberían estar destinados a cumplir con los mandatos institucionales.
Estos problemas lejos de solucionarse y enfrentarse han ido aumentando, contribuyendo no sólo a un creciente déficit de gobernabilidad, sino que además constituyendo uno de los causantes principales de la peligrosa senda de insostenibilidad por la que transitan las finanzas gubernamentales.
Además, en una contradicción insostenible, se ha convertido en una fuente de desigualdad e inequidad como lo documenta el Estudio Económico de Costa Rica, 2020 de la OCDE: “La remuneración de los funcionarios del gobierno es más de la mitad de los ingresos totales, la mayor proporción entre países de la OCDE y más del doble del promedio OCDE. Los salarios del sector público son también casi un 50% más altos que en el sector privado” (OCDE, 2020, 41-42). La conclusión que deriva de todos estos hechos es que es imperativa y urgente una reforma del sector público y del régimen de empleo público.
Para reducir el dualismo productivo y territorial Costa Rica necesita también un cambio de marcha en materia de políticas de desarrollo productivo y un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad. El éxito en los últimos 30 años en la generación de empleos de alta calidad y en el posicionamiento del país en sectores de creciente sofisticación tecnológica a nivel mundial contiene al menos dos lecciones: (i) que una transformación productiva virtuosa y hacia mayor prosperidad es posible (Costa Rica paso de US$ 2000 per cápita en 1980, a US$ 14.000 per cápita hoy día), y (ii) que esa transformación productiva no sucede espontáneamente, como no ha sido espontáneo el crecimiento de importantes conglomerados de empresas de tecnologías de la información, dispositivos médicos, turismo, y servicios empresariales sofisticados.
Se requiere la direccionalidad y el apoyo del Estado, tal como ocurrió en el sector de comercio exterior con la función que han venido cumpliendo la triada de COMEX, CINDE y PROCOMER, así como en el desarrollo turístico con la función clave del Instituto Costarricense de Turismo. En todos estos casos la alianza pública- privada ha sido la pieza fundamental del éxito de la política pública. Sin tal alianza entre el sector público y el sector privado es imposible la reactivación y el crecimiento económico a largo plazo.
La conclusión es entonces que el país debe redoblar esfuerzos e innovar en políticas de desarrollo productivo; fortalecer las instituciones y mecanismos de apoyo para el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos, por medio de instrumentos como los clústeres y los ecosistemas empresariales con un enfoque en todo el país, no solo en la GAM. Lo anterior, bajo la certeza de que es posible acelerar el desarrollo productivo, tecnológico y de creación de empleos de calidad cuando se tienen los mecanismos correctos de cooperación público-privados. Para ello, será fundamental contar con un espacio fiscal que solo se podrá alcanzar con importantes reformas al sector público y al empleo público.
El desarrollo y fortalecimiento de un sector privado competitivo y moderno es clave para la prosperidad futura del país y la creación de empleos de calidad. Y lo es también para la reducción de la desigualdad, porque mucho de la desigualdad está arraigada en la gran heterogeneidad en términos de productividad entre sector formal e informal y entre empresas medianas y grandes versus pequeñas y microempresas. No será posible reducir la desigualdad con base solo en políticas sociales y de transferencias. Además, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar el Estado Social de Derecho si no es de un sector privado más fuerte y más formal y de los correspondientes ingresos generados por los impuestos, tanto a las empresas como a los trabajadores? El crecimiento y fortalecimiento del sector privado es una pieza esencial para fortalecer el Estado Social de Derecho. No es posible fortalecer el último sin desarrollar y fortalecer el primero.
El riesgo de que la tormenta perfecta, producto de varias crisis simultáneas, lance a todo el país al abismo (una crisis fiscal, económica, financiera y social) es muy real e inminente. Este riesgo latente demanda un gran sentido de madurez y de responsabilidad de todas las personas, de todos los sectores (empresarios y sus organizaciones; representantes sindicales, cooperativistas,
solidaristas y sus organizaciones; funcionarios públicos; instituciones académicas; ONGs), de todos los partidos políticos, y por supuesto de todos los líderes y jerarcas en posiciones de gobierno en todos los poderes del Estado. Es un reto país, al que deben subordinarse los intereses y objetivos de partidos políticos y de grupos de interés particulares.
Por supuesto que no se puede hacer todo a la vez, pero si se puede emplear un enfoque holístico estableciendo prioridades. Por ello proponemos que la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba: la de salud pública, la fiscal, la del sector productivo y el empleo, la social y la educativa. La innovación será clave en todo este esfuerzo, de allí la importancia de la participación de todos los actores en brindar recomendaciones y de un gobierno capaz de evaluar e implementar aquellas de mayor impacto.
Es claro que dentro de estas áreas hay diferentes velocidades de impactos y efectos. Por ejemplo, la crisis educativa es muy seria, sus efectos no se ven en el corto plazo, pero si no se toman medidas urgentes, se verán en el mediano y largo plazo con consecuencias sociales y económicas de altas proporciones. No podemos cometer los errores del pasado al creer que porque un problema no se ve muy mal podemos obviarlo.
La crisis fiscal puede escalar y sumir al país en una crisis financiera y macroeconómica en cosa de días porque tiene un efecto directo sobre la confianza y sobre las condiciones financieras y de liquidez. Las acciones para asegurar la sostenibilidad fiscal no pueden esperar. Ya las agencias de clasificación de riesgo nos han reducido la calificación, y más reducciones pueden venir. Incluso los organismos financieros internacionales han expresado su preocupación por las señales de que el sistema político costarricense no parece generar el consenso necesario para recortar gastos, aumentar impuestos, y hacer las reformas estructurales que la coyuntura y la situación demandan con urgencia, lo cual puede llevar a cerrar las puertas de un financiamiento de largo plazo y barato, disponible en este momento. Esta situación puede propiciar la fuga de capitales creando un circulo vicioso de pérdida de confianza con muy negativas consecuencias.
Tampoco pueden esperar las acciones para financiar el Programa Proteger, ni las acciones para impulsar la reactivación de los sectores productivos y la creación de empleo. Y por supuesto la crisis sanitaria es algo que requiere monitoreo y acciones justo a tiempo, día a día.
Finalmente, creemos firmemente que las respuestas del corto plazo no pueden tampoco ser iniciativas aisladas, sino que deben estar enmarcadas en una visión de mediano y largo plazo para lograr una “reactivación con transformación”. Por eso nuestro énfasis arriba en señalar y no perder de vista el legado histórico de brechas y dualismos que teníamos antes de la pandemia. Podemos usar esta crisis como una oportunidad para construir la Costa Rica que todos deseamos, con una economía próspera, inclusiva y sustentable.
En consecuencia:
En vista de este panorama, y de las preocupaciones expresadas, los y las abajo firmantes, queremos hacer un respetuoso, pero vehemente llamado, a las señoras y señores diputados de
todas las fracciones políticas, por una parte, y al Poder Ejecutivo, por otra, para que aprueben a la mayor brevedad posible:
- El presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno, y su correspondiente recorte de gastos, expediente 22.080. Es claro que este recorte no es todo lo que se requiere, y que habrá que hacer esfuerzos adicionales muy pronto, pero es un paso importante en la dirección correcta. Es imperativo aprobar los recursos necesarios para el financiamiento del programa Proteger y la sostenibilidad de la CCSS.
- El proyecto de reducción temporal de la jornada laboral en un 15% para los funcionarios del sector público con salarios de más de 1.5 millones, expediente 22.081.
- El proyecto de contratación de un crédito externo dentro del Programa de Facilidad Rápida con el FMI por $ 504 millones, expediente 22.018.
- El proyecto de Ley Marco de Empleo Público como una herramienta para dar coherencia a las relaciones laborales en el sector público, atacar las inequidades que el esquema fragmentado actual genera y, al mismo tiempo, crear los incentivos correctos para atraer el talento necesario para el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
- La aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), expediente 21.738. Solo permitiendo dicha transformación seremos capaces de brindar el conocimiento y capacitación a los trabajadores para su reinserción en el mercado laboral.De forma paralela, hacemos un llamado respetuoso al Sr. Presidente y al Poder Ejecutivo para que:
- Mantener como imperativo ético la protección de la vida de los habitantes, y avanzar en el diseño de instrumentos y acciones que permitan retomar – de acuerdo con criterios sectoriales y territoriales – las actividades económicas implementando, por ejemplo, protocolos sanitarios y generando incentivos apropiados para que las empresas se adapten a esta nueva realidad operativa. La coordinación con los gobiernos locales y el sector privado tiene especial importancia en este caso para la toma de decisiones por parte de las autoridades.
- Conformar una Comisión Consultiva Nacional de Reactivación Económica, presidida por el Sr. Presidente de la República, con participación de los Ministros e instituciones relevantes para estas tareas, y con participación de representantes empresariales de los sectores productivos y de trabajadores del país, sindicatos y solidaristas, y sector académico con el objetivo de contribuir con la implementación eficaz y oportuna de las distintas acciones e iniciativas que deben tomarse e impulsarse por parte del Poder Ejecutivo.
- Continuar con los esfuerzos para la reducción y eficiencia del gasto público; la mejora en la recaudación y reducción de la evasión tributaria y la buena administración del servicio de la deuda, con el fin de disminuir en lo posible el tamaño del déficit fiscal y la acumulación de la deuda pública.
- Implementar a la mayor brevedad posible, un Fondo Nacional de Avales sobre pérdidas esperadas para otorgar financiamiento fresco para capital de trabajo y readecuación a largo plazo de las deudas de empresas afectadas por el Covid-19, con el compromiso de mantener el nivel de empleo y si fuera posible, aumentarlo a corto plazo.
- Acelerar los esfuerzos iniciados por el Gobierno y el sector privado en temas de mejora regulatoria y racionalización de trámites, así como en la estrategia de transformación digital, ya que según el informe de la OCDE sobre la economía costarricense al 2020, nuestro país posee la carga de trámites más alta de todos los miembros de este grupo de países.
- Promover el uso de Ley de Garantías Mobiliarias (No. 9246) por parte de los intermediarios financieros, en especial la banca pública, para facilitar el acceso al crédito a las empresas que por las circunstancias actuales ya no cuentan con más garantías hipotecarias o fiduciarias con qué garantizar préstamos para la reactivación. Para ello, es fundamental coordinar acciones con la Superintendencia de Entidades Financieras y los intermediarios financieros.Al presentar este documento nos mueve un interés nacional por sostener el Contrato Social de Derecho de nuestro país y la sana convivencia social que ha sido la característica principal de nuestra democracia. Parafraseando al Papa Francisco, “todos estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a trabajar juntos”.
FIRMAS
José Luis Arce Durán (1-0807-0682)
Roberto Artavia Loría (1-0521-0914)
Esteban Arata Herrero (1-0522-0741)
Javier Cascante Elizondo (1-0726-0627)
Ligia Castro Monge (1-0591-0087)
Alvaro Cedeño Gómez (1-0268-0748)
José Joaquín Chaverri Sievert (1-0386-0358)
Carlos Chotocruz Ortiz (1-0607-0222)
Gerardo Corrales Brenes (3-0264-0780)
Alejandro Cruz Molina (3-0192-0309)
Tomás Dueñas Leiva (9-0037-0182)
Marcos Dueñas Leiva (9-0044-0475)
Francis Durman Esquivel (1-0525-0231)
Carlos Gallegos Echeverría (1-0516-0285)
Armando González Jiménez (1-0630-0202)
Claudio González-Vega (1-0287-0940)
Abril Gordienko López (1-0706-0786)
Jorge Guardia Quirós (1-0328-0576)
Gloriana Ivankovich Escoto (3-0393-0854)
Mario Lachner Sáenz (1-0508-0434)
Pedro León Azofeifa (9-0024-0518)
Luis Liberman Ginsburg (1-0340-0025)
Eduardo Lizano Fait (1-0230-0072)
Gabriela Llobet Yglesias (1-0803-0462)
Grettel López Castro (1-0604-0797)
Cristina Masís Cuevillas (1-0711-0945)
Manuel Marenco Fernández (9-0062-0556)
Luis Mesalles Jorba (1-0575-0122)
Eugenia Meza Montoya (3-0199-0702)
Juan Muñoz Giró (1-0511-0110)
Jorge Monge Aguero (1-0413-1344)
Ricardo Monge González (3-0267-0245)
Fernando Ocampo Sánchez (1-0791-0100)
Humberto Pacheco Alpízar (1-0271-0715)
Doris Peters Steinvorth (1-0361-0814)
Alejandro Pignataro Madrigal (1-0940-0746)
Rodolfo Quirós Rodríguez (1-0575-0662)
Javier Quirós Ramos de Anaya (1-0462-0192)
Alvaro Ramos Chavez (1-1192-0165)
Eduardo Rodríguez del Paso (1-0592-0738)
José Rossi Umaña (1-0552-0440)
Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez (1-0455-0128)
Allan Saborío Soto (1-0468-0568)
Shirley Saborío Marchena (1-0807-0161)
Alvaro Saborío Legers (1-0441-0065)
Javier Sancho Bonilla (1-0370-0819)
Javier Sancho Guevara (1-0836-0881)
José Manuel Salazar-Xirinachs (1-0444-0421)
Mónica Segnini Acosta (1-0724-0047)
Daniel Succar Zomer (9-0107-0986)
Alberto Trejos Zúñiga (1-0668-0837)
Roberto Truque Harrington (1-0458-0516)
Víctor Umaña Vargas (1-0815-0453)
Pablo Vargas Morales (1-0648-0881)
José Zaglul Slon (2-0252-0455)
Norberto Zúñiga Fallas (6-0147-0215)
